La Corte Constitucional de Colombia suspendió el martes la vigencia de un acuerdo militar con Estados Unidos y lo devolvió a la presidencia para que trámite su aprobación a través del Congreso, informó el tribunal.
Bogotá y Washington firmaron a finales de octubre del 2009 un polémico acuerdo que permitía por 10 años el acceso a militares estadounidenses a siete bases colombianas para realizar operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo y que enfureció a varios gobiernos de izquierda de la región.
“La Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución resuelve remitir al presidente el denominado acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos”, dijo el fallo.
Para la corte el tratado no puede entrar en vigencia hasta que se cumpla con el trámite de aprobación a través del Congreso.
Estados Unidos es el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales vinculados con esa ilícita actividad y desde el año 2000 ha entregado a Bogotá más de 6.000 millones de dólares.
Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, ignoró antes de firmar el acuerdo la recomendación de un alto tribunal que sugirió someter el convenio a la aprobación del Congreso y un control de legalidad de la Corte Constitucional.
De acuerdo con el fallo del tribunal, el Gobierno puede enviar el acuerdo al Congreso para su aprobación.
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene una amplia mayoría con la que lograría la aprobación del tratado militar, de acuerdo con analistas.
HISTORIA DEL POLÉMICO TRATADO
El acuerdo militar de Colombia con Estados Unidos copó la agenda latinoamericana durante todo el segundo semestre del año pasado y amenazó con aislar al Gobierno del ahora ex presidente colombiano Álvaro Uribe.
El “Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad” se denomina el controvertido convenio que fue rubricado el 30 de octubre de 2009 por el entonces ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield.
Ambos lo firmaron en medio de un ambiente regional caldeado por la postura en contra de varios Gobiernos y la férrea defensa de Colombia, cuyo jefe de Estado de entonces, Álvaro Uribe, buscó disipar los temores mediante una maratoniana gira.
La polémica llevó a Uribe a organizar en horas una gira por Perú, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia y Uruguay “para abordar los temas del terrorismo en Colombia”.
Las primeras versiones sobre el acuerdo en trance se conocieron a mediados de 2009, cuando Washington preparaba el desalojo de la base de Manta, en Ecuador, por la decisión del presidente de este país, Rafael Correa, de no prorrogar el contrato de 1999 que le permitía operar desde allí.
El primer gobernante de la región en levantar la voz en contra fue el venezolano Hugo Chávez, para quien dicho acuerdo era una amenaza para su país.
Chávez lo dijo el 21 de julio del año pasado, cuando se lamentó de que Colombia abriera puertas a quienes “agreden constantemente” y “preparan nuevas agresiones” contra Venezuela.
En medio de llamamientos a la intervención de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la postura del venezolano fue acogida por los gobernantes de países como Nicaragua, Daniel Ortega; Bolivia, Evo Morales; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o de Chile, la ahora ex presidenta Michelle Bachelet.
Lula la acompañó con esta frase: “la soberanía es intocable y a mí no me agrada nada una base estadounidense en la región, pero así como no quiero que Uribe se entrometa en mi Gobierno, prefiero no dar opiniones en las decisiones de Uribe”.
Como Chávez, el boliviano Morales opinó por entonces que el propósito de Washington era lanzar desde bases colombianas acciones contra “los procesos revolucionarios que se gestan en América”.
La polémica llevó a Uribe a organizar en horas una gira por Perú, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia y Uruguay “para abordar los temas del terrorismo en Colombia, sus riesgos y los asuntos relacionados con Unasur”, según el objetivo oficial del periplo, anunciado el 3 de agosto del año pasado.
Para entonces, el Gobierno estadounidense ya tenía asignados 46 millones de dólares para “ampliar la plataforma de aterrizaje” de Palanquero, una de las siete bases incluidas en el acuerdo y, por su ubicación en el centro de Colombia, considerada “estratégica”.
El asunto volvió al ámbito de la Unasur, con una cumbre extraordinaria celebrada el 28 de agosto en Bariloche (Argentina), y adonde Uribe acudió con el mismo mensaje de tranquilidad que había entregado en su gira regional previa.
Uribe dejó el poder el pasado 7 de agosto, cuando asumió su correligionario y ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, convencido de la bondad de este acuerdo, que defendió siempre como complementario del que estaba en vigor entre ambos países desde 1974.
Con información de EFE
